gasto en medicinas

El Gobierno se apresura en convocar las subastas que prohíbe a Andalucía

El Ministerio de Sanidad toma un atajo para que el nuevo sistema de compra de fármacos entre en vigor antes de que acabe la legislatura

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Alfonso Alonso, ministro de Sanidad
Joaquín Romero
Lunes, 3.08.2015 21:09

Después de recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las subastas de medicamentos genéricos que desde 2012 ha hecho la Junta de Andalucía, el Gobierno ha decidido implantarlas para todo el territorio español. Y además lo va a hacer por la vía de urgencia.

Por eso, el Ministerio de Sanidad fuerza al máximo el reglamento y las directrices del Consejo de Estado para evitar que las comunidades autónomas puedan intervenir en su puesta en marcha. Será tramitado como real decreto y será aprobado antes de que acabe la legislatura.

Las autonomías sólo lo han "visto"

El  pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se reunió el pasado miércoles y tuvo la oportunidad de “ver” el proyecto. Pero sólo verlo, que es a lo que está obligado el ministerio si se toma la norma al pie de la letra.

Si Sanidad informara y discutiera el proyecto con las autonomías los plazos podrían alargarse y entonces sería imposible que entrara en vigor con tanta urgencia. Y de haber seguido el procedimiento normal, el texto se habría analizado de nuevo en el consejo interterritorial.

Alonso no quiere dar explicaciones

Además, Alfonso Alonso, el ministro, no tiene mucho interés en dar explicaciones de por qué el Gobierno se ha apuntado a lo que incluso hasta hoy en día continúa persiguiendo.

Entre las razones esgrimidas en los recursos figura la invasión de competencias estatales, la discriminación de los andaluces respecto a los demás españoles por el tipo de medicamentos que les sirve el sistema público y por el riesgo de desabastecimiento de las subastas.

Capacidad productiva

Efectivamente, los laboratorios que se hacen con los contratos a veces carecen de capacidad productiva para satisfacer la demanda.

Médicos y farmacéuticos de la región lo han denunciado, aunque en estos momentos no parece ser un gran problema. Más de la mitad de los fármacos que tienen cobertura de la Seguridad Social cuestan menos de tres euros. En muchos casos, cuando los pacientes no encuentran en la farmacia el genérico recetado por su médico optan por pagar otro de su bolsillo.