Los cuatro ayuntamientos investigados, feudos tradicionales de CDC

La Guardia Civil ha entrado en Sant Celoni, Figueras, Sant Cugat y Lloret de Mar, corporaciones que ya se habían visto salpicadas por la supuesta financiación ilegal del partido de Artur Mas

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Los cuatro alcaldes de los ayuntamientos investigados (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Marta Felip (Figueras), Francesc Deulofeu (Sant Celoni), Mercè Conesa (Sant Cugat) y Romà Codina (Lloret de Mar)
Redacción
Viernes, 28.08.2015 12:11

Cuatro ayuntamientos catalanes también han sido registrados este viernes por la mañana en la operación Petrum II contra la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del presidente Artur Mas. Se trata de cuatro feudos tradicionales de CiU antes de que el proceso independentista fracturara la federación: Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Sant Celoni (Barcelona), Figueras (Girona) y Lloret de Mar (Girona).

Dos de estos consistorios ya se han visto involucrados en investigaciones judiciales que perseguían los presuntos pagos irregulares de empresarios del país a CDC. El más reciente es la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 2 de Girona a los dos últimos alcaldes de Figueras, el actual consejero de Territori, Santi Vila, y su sucesora, Marta Felip (la convergente fue ratificada en las urnas en las pasadas elecciones municipales con el apoyo del PSC), por un presunto delito de malversación.

Felip no ha estado presente en el registro de la Guardia Civil del consistorio que lidera. La investigación ha coincidido con el viaje oficial de la primer edil a la ciudad francesa de Perpignan, donde se celebra la cuarta edición del festival internacional de circo del municipio.

Lloret de Mar y el 'caso Crespo'

El ex primer edil de Lloret, Xavier Crespo, tuvo que renunciar al cargo por las causas abiertas en el que está acusado de protagonizar numerosas irregularidades con el dinero municipal en beneficio propio que implican a la mafia rusa, el caso Clotilde. Su caso se juzga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque mantuvo su escaño en el Parlamento. Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y 17 de inhabilitación por los delitos de soborno y prevaricación.

Tomó el testigo de Crespo Romà Codina en marzo de 2009, cuando estalló el caso, y también se alzó con la victoria en las pasadas elecciones locales. Codina sido uno de los principales defensores de la presunta inocencia de Crespo. Llegó a manifestar que “pondría la mano en el fuego” por su predecesor.

Promusa, la inmobiliaria de Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès fue durante años el principal bastión de CiU mientras el tripartito ocupaba la presidencia de la Generalitat, la travesía en el desierto. Actualmente está gobernado por Mercè Conesa, sucesora de Lluís Recoder en el primer mandato de Mas (el ex edil también fue consejero de Territorio).

Conesa fue portavoz de CDC cuando Oriol Pujol renunció a su escaño en el Parlament por su vinculación con el caso ITV y pasó el testigo a Marta Pascal. El pasado 15 de julio fue nombrada presidenta de la Diputación de Barcelona. La alcaldesa tampoco ha estado presente durante el operativo policial porque estaba de vacaciones. Las ha canceladode forma inmediata y se ha trasladado rápidamente al municipio.

Los agentes han entrado primero al Ayuntamiento y luego se han desplazado a Promusa, la sociedad que gestiona la vivienda pública y donde se guardaría la documentación de una promoción de vivienda de protección oficial de la quepresuntamente se habrían desviado fondos.  

20 minutos en Sant Celoni

Los portavoces del Ayuntamiento de Sant Celoni, una pequeña localidad catalana liderada por Francesc Deulofeu, han manifestado que la Guardia Civil ha solicitado un expediente de unas obras realizadas en el municipio. Los agentes han estado presentes 20 minutos en el consistorio para “hacer fotocopias” del documento y han abandonado el edificio.

La operación Petrum II está tutelada por el Juzgado de Instrucción 2 de El Vendrell (Tarragona) y ha contado con la participación de los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda.