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CEOE y la Cámara de España llaman a la "política de estado" para "adaptar el pacto constitucional"

El empresariado del país afirma que la “única opción válida” ante el proceso independentista es recuperar el diálogo y la negociación para evitar que Cataluña vuelva a caer en “situaciones como las vividas por la crisis de los últimos años”

4 min
El persidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluis Bonet, y el de CEOE, Juan Rosell
Redacción
Lunes, 7.09.2015 12:06

Los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de la Cámara de Comercio de España, Josep Luis Bonet, han publicado este lunes una carta abierta en la que reclaman a Madrid y Barcelona que se sienten a negociar para “adaptar lo que fue un exitoso pacto constitucional a la necesidad de corregir errores y desviaciones”. “Es el momento de la política de estado”, remarcan en el escrito publicado por en La Vanguardia y que después fue detallado por ambos en rueda de prensa. Tal y como avanzó Crónica Global, se trata de la segunda contestación del empresariado al plan independentista de Artur Mas y da la puntilla al documento publicado el pasado martes por la gran patronal catalana, Foment del Treball. 

“La política es el arte del pacto y no un instrumento de enfrentamiento y discordia”, señalan los dos representantes de los empresarios del país, ambos de origen catalán. “Nunca es tarde para recuperar el diálogo que pueda propiciar una negociación de pacto. Más aún, en esta hora parece la única opción válida”, sentencian.

27S, una fecha “crucial”

Rosell y Bonet afirman que el 27S será “crucial” para el “futuro de Cataluña y de España” porque si los partidos independentistas obtienen la mayoría se modificaría “radicalmente nuestro sistema institucional y que tendría repercusión directa en las empresas y los trabajadores”. En ningún momento hacen referencia a que se trate de unos comicios plebiscitarios, tal y como los ha planteado Mas.

Ambos patronos manifiestan que su intención no es pedir un voto concreto, simplemente “exigir a los partidos políticos que expongan con claridad a la ciudadanía las consecuencias de sus propuestas para que los votantes acudan a las urnas con pleno conocimiento de causa”.

Cataluña, fuera de la UE

“Para empezar”, los representantes de CEOE y la Cámara de España señalan que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea con las graves consecuencias que tendría en la actividad empresarial. “Podríamos volver a ver situaciones como las vividas por la crisis de los últimos años”.

Indican que el nuevo estado quedaría fuera del euro y “tendría serios problemas para financiarse” al no poder recurrir ni al Banco Central Europeo ni al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Por ello, las emisiones de deuda ser verían fuertemente penalizadas y se iniciaría otro círculo vicioso que lastraría el PIB catalán.

Menor actividad económica

Las exportaciones caerían porque su precio subiría, ya que en el ámbito europeo los productos pasarían a estar gravados por la Tarifa Exterior Común que se aplica a los estados no comunitarios y los que se venden a terceros se dejarían de beneficiar de las “cláusulas de trato preferencial suscritas por la UE”.

Los empresarios avisan que se retirarían las inversiones en Cataluña por el “escenario de inseguridad jurídica y financiera, produciéndose deslocalizaciones” y que la menor actividad económica se traduciría en “menos empleo y unas peores condiciones de vida”.

Las pymes, las más afectadas

Las pymes, el pequeño comercio y los autónomos, la mayoría de la base económica catalana, serían los más perjudicados por la “reducción de la capacidad de consumo del ciudadano”.

El empresariado del Estado pide que las “posiciones partidistas cedan ante intereses de mayor envergadura” y que se eviten “incertidumbres que afecten a la situación económica”.

Cambio en la relación

Eso sí, dejan claro que la relación entre el Gobierno estatal y el catalán no se puede quedar en los términos actuales. Exigen que se “reconozca plenamente la importancia” de la aportación catalana al resto del Estado y “su peso institucional”.

También reclama que el Ejecutivo central impulse las inversiones públicas “necesarias para el desarrollo” de la actividad económica catalana, que las explique de forma “objetiva y racional” y que las ejecute según lo previsto.
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