El cementerio de Cospedal

El almacén nuclear, un residuo político peligroso para el Gobierno

6 min
Pancarta de Greenpeace contra el cementerio nuclear proyectado en Villar de Cañas (Cuenca).
Antonio M. Yagüe
Viernes, 11.09.2015 23:36

Dolores de Cospedal lo activó en el 2011 al llegar al ejecutivo de Castilla-La Mancha y a Mariano Rajoy le bastaron dos consejos de ministros para desbloquear la ubicación del almacén nuclear, heredada de Zapatero, y situarlo en Villar de Cañas (Cuenca). Pero la construcción, con una inversión total que rondará los 1.000 millones de euros, se ha frenado de nuevo hasta después del 20D. Están siendo decisivos el miedo a perder votos y la oposición del nuevo ejecutivo socialista castellano-manchego, presidido por Emiliano García-Page, al declarar la zona protegida y suspender el plan de urbanismo de la obra.

El Gobierno podría hacer una declaración del proyecto como de interés público de primer orden. Pero la Junta de Castilla-La Mancha, a su vez, podría llevar el tema a los tribunales y pedir una paralización cautelar. El Ejecutivo central reconoce que el asunto se judicializará y que su resolución corresponderá al gobierno que salga de las elecciones de diciembre.

Silencios interesados

Existe la certeza dentro de las líneas del PP de que seguir adelante con un tema tan peliagudo y con amplia contestación le pasaría factura en las urnas. Especialmente si intervienen el polémico titular de Industria, José Manuel Soria, en la cuerda floja por su gestión de las energías, y la todavía número dos del PP y presidenta del partido en esta Comunidad, y apartada y de la primera línea mediática desde hace varios meses.

Tanto en Génova como en Moncloa consideran que Cospedal, tras la debacle electoral del pasado 24M, "está quemada" y que es mejor que ocupe un segundo plano. Su futuro, según fuentes próximas al Ejecutivo, pasa por un puesto en las listas que prepara Rajoy para el Congreso de los Diputados, acceder a un alto cargo en la Cámara Baja, y abandonar el cargo de secretaria general en el congreso de partido de 2016, como ya ha comunicado.

El PP y Cospedal en particular ya mantuvieron un discreto silencio ante la oposición pública al basurero nuclear desatada durante la campaña electoral de 2011, que llevó a ella al Palacio de Fuensalida y a Rajoy al de La Moncloa. Y tan interesado como los de José Montilla, primero, y Artur Mas, después, que acabaron por descartar a Ascó, en Tarragona, el favorito en las quinielas, cuando se hizo la convocatoria en el 2009, por ser un pueblo con industria nuclear y ferrocarril, lo que facilita el transporte.

Hucha de 3.000 millones

El Gobierno viene destacando que el retraso en la construcción del silo nuclear, técnicamente dominado ATC (almacén temporal centralizado), cuesta a España 60.000 euros diarios. Eso es lo que se paga a Francia como fianza (la gran mayoría será devuelta) por los residuos enviados allí desde el incendio de Vandellós I, en 1989. Para el ATC no ha habido recortes presupuestarios, ni en estos años de crisis, porque se paga de un fondo que gestiona la Empresa Nacional de Residuos (Enresa). Esta hucha --que se acerca a los 3.000 millones de euros— ha salido del recibo de la luz de los españoles durante décadas. La empresa barajaba el 2018 para su puesta en marcha.

Oposición general y oportunista

Juan López de Uralde, cabeza de lista de Equo para las generales, considera que el PP puede querer dejar "resueltas las cuestiones de la industria nuclear antes de que acabe la legislatura". Se basa en el reciente informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para instalar el cementerio en Villar de Cañas, que, a su juicio, obedece a criterios puramente políticos y al interés del PP.

"Los técnicos cuestionan la ubicación. Hay un acuífero superficial, el terreno requiere de una cimentación especial, no se han valorado los riesgos en caso de accidente y los informes radiológicos tampoco están completos", ha asegurado el ex dirigente de Greenpeace, que acusa a los dos grandes partidos, PP y PSOE, de haber seguido una línea "siempre favorable a la industria nuclear".

A la negativa oportunista del PSOE se une la de sindicatos, asociaciones ecologistas y sociales porque entienden que solo beneficiará a unos cuantos de la localidad y a las empresas. Enresa sostiene que este "proyecto de Estado" creará 70 empleos directos fijos para su empresa y entre 300 y 500 vinculados a la construcción del almacén y su complejo, durante 5 o 6 años. Ciudadanos, partido que ha logrado concejales en la zona, todavía no se ha pronunciado y sopesa como hacerlo de cara a las elecciones generales.

Bandera de Aznar y precedente de Bono

El proceso para la construcción del sarcófago nuclear se inició en el 2004, cuando el Congreso de los Diputados pidió terminar con el sistema actual, en el que cada nuclear guarda sus desechos en piscinas de combustible. Algo que tras el accidente de la central japonesa de Fukushima se vio poco recomendable.

España ha tardado décadas en buscar un almacén nuclear. Ya en febrero de 1987, Enresa comenzó a buscar en Salamanca un lugar donde enterrar estos residuos. Se montó tal escándalo que un joven José María Aznar, entonces en la oposición en Castilla y León, hizo bandera de su desacuerdo con el cementerio y acabó de presidente de la Junta en junio de ese mismo año. Otros intentos posteriores, tanto bajo ejecutivos del PSOE como del PP, acabaron de igual manera. A falta de un único almacén, Enresa ha tenido que construir otros en superficie en Trillo, Zorita y Ascó.

El veto de García-Page se produce justo 27 años después de que su mentor, José Bono, presidente de Castilla-La Mancha entonces, decidió parar los pies al mismísimo Felipe González, incontestable entonces líder del PSOE y presidente del Gobierno. Bono declaró Cabañeros parque natural, donde, el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, quería instalar un campo de tiro para el Ejército el Aire. Y se salió con la suya.

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