La Generalitat ha de afrontar una fianza de 200.000 euros por otro ojo perdido por balas de goma

Un juzgado de Barcelona establece la responsabilidad civil de la administración autonómica en el caso del joven italiano Nicola Tanno

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Redacción
Miércoles, 30.09.2015 17:53

El Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha establecido que la Generalitat deberá hacer frente a una fianza de 200.000 euros como responsable civil por el caso del joven Nicola Tanno, que perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma de los Mossos d'Esquadra durante la celebración de la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de 2010.

El titular del Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona, Francisco Javier Paulí, en un auto divulgado este miércoles, atiende la petición de los abogados de Tanno y considera como responsable civil de las lesiones de Tanno a la Consejería de Interior y a su aseguradora, que deberán afrontar la fianza. Esta se establece en 157.105 euros, que se elevan hasta 200.000 por los intereses de demora generados en los cinco años desde que ocurrieron los hechos.

En su auto, el juez puntualiza que la Generalitat no debe desembolsar aun la cantidad, porque la causa todavía está en fase de instrucción. El magistrado considera que antes se deberá dilucidar si los dos agentes imputados "tuvieron participación en los hechos", y que este punto "no puede establecerse a la luz de las últimas diligencias practicadas", explica en el auto.

La causa, una pelota de goma

No obstante esto, sí el juez si considera acreditado que el joven perdió el ojo por el impacto de una pelota de goma, y que los agentes imputados estaban en la zona. Motivos por los que ha decidido fijar como responsable civil subsidiaria a la Consejería de Interior de la Generalitat y a su aseguradora.

Hace solo 15 días, la Generalitat indemnizó con 261.000 euros a Esther Quintana, la mujer que perdió un ojo, también por el impacto de una pelota de goma de los Mossos, y tabmién como responsable civil subsidiaria. Interior pactó con quintana el pago de la indemnización, aunque esta no ha renunciado a seguir adelante con la acción penal contra los agentes imputados.