La juez ordena el secreto del sumario por la "escandalosa" gestión económica del Museo Valenciano de Arte Moderno  

Una auditoría revela que la directora del IVAM amparó desplazamientos, comidas y dietas sin justificación 

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Consuelo Císcar, el día de su destitución como directora del IVAM.
Carlos Quílez
Martes, 8.09.2015 20:40

La juez de instrucción número 21 de Valencia, Nuria Soler, acaba de decretar el secreto del sumario en las diligencias de investigación que se siguen contra la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Consuelo Ciscar, a la que se imputa un delito de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Anticorrupción y los agentes expertos en delincuencia económica de la UDEF rastrean toda la contabilidad de la institución desde el año 2009 al 2012.

Fiscalía y policía, de la mano

Las pesquisas policiales y un informe lapidario de la Intervención General de la Generalitat valenciana apuntan a numerosas irregularidades contables en la gestión financiera  de la directora del IVAM.

Según estos informes, Consuelo Ciscar, autorizaba la compra de cuadros por un precio “1.520% superior al precio de mercado”. La Intervención General eligió cinco adquisiciones de forma aleatoria y, en el menor de los casos, la diferencia de precio entre lo pagado y el precio de mercado era del 45,20%”.

Este aparente despilfarro de dinero público ha activado todas las alarmas a los investigadores de la policía.

Las sospechas han provocado que el fiscal anticorrupción, Vicente Torres, haya pedido el secreto de las actuaciones a fin y efecto de que la policía pueda desarrollar sus pesquisas sin presiones ni interferencias.

Esculturas que no existen

La auditoria de la Intervención General ha encontrado numerosas y “escandalosas” irregularidades. Por ejemplo, se ha detectado un contrato de compra y venta de la escultura La moderna, el tiempo y el laberinto. Homenaje a Borges, suscrito por el IVAM y el heredero de Gerardo Rueda. La escultura figura en el registro como entregada pero “la obra no consta en las dependencias del museo”.

Los informes iniciales coinciden en que la directora que gobernó el museo durante esos años actuó siempre de forma unilateral sin encomendarse ni a los servicios técnicos, ni al consejo rector ni al consejo asesor del museo, organismo ni siquiera constituido aun siendo preceptiva su existencia.

Irregularidades en todos los ámbitos

La auditoría destaca irregularidades contables en las exposiciones, en los convenios de cesión de obras y en la contratación de publicaciones.

En este sentido, uno de los informes que obran sobre la mesa de la juez apunta que el IVAM, por expresa orden de su directora, contrató la publicación de 2.750 ejemplares del llamado Catálogo razonado de Julio González, con un precio superior a los 300.000 euros y de los que únicamente se han vendido 22 unidades. El resto permanecen almacenados como stock en las dependencias del instituto.

No existe ni “expediente de memoria que justifique la necesidad, idoneidad, eficiencia y oportunidad de la publicación de dicho catálogo ni ningún estudio que evidencie la utilidad o interés público”.

Viajes y dietas fantasma

La Intervención General ha detectado más de 58.000 euros en gastos por supuestos desplazamientos sin justificantes y viajes tampoco justificados, por valor de 30.000 euros.

La directora llegó a gastar, incluso, 990 euros en una comida con periodistas.

La documentación con la que trabaja la juez y el fiscal concluye que se han detectado irregularidades en todas las fases de la tramitación de los expedientes de contratación, fraccionamientos indebidos en el objeto del contrato y tramitaciones urgentes sin una justificación suficiente como por ejemplo, en los contratos mayores donde se utiliza un procedimiento negociado sin publicidad para la mera adjudicación directa”.

Su marido, en la cárcel por corrupción

Consuelo Ciscar es esposa de Rafael Blasco, ex consejero de la comunidad valenciana que ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo a seis años y medio de cárcel. Blasco, que se encuentra en prisión desde hace tres meses, ha sido condenado como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el desvío de 1,6 millones de euros que debían ir a iniciativas humanitarias en Nicaragua y acabaron invertidos en inmuebles en Valencia. Del dinero oficialmente previsto para un proyecto de potabilización de agua y otro de mejora agrícola sólo llegaron al país centroamericano 47.953 euros, un 3% del total.

La causa tiene otras dos piezas separadas, en las que también está imputado el histórico dirigente político, que investigan una treintena de proyectos de cooperación del Gobierno valenciano supuestamente irregulares, incluido el de la construcción de un hospital en Haití.