Los accionistas andorranos de BPA mueven ficha en EEUU para recuperar el control de la entidad

Los hermanos Cierco reclaman al Tesoro que levante la sanción del pasado marzo y revise su caso como ha hecho con un banco de Tanzania

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Sede de BPA en Andorra.
Cristina Farrés
Domingo, 6.09.2015 02:48

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA), los hermanos Ramon e Higini Cierco, remitieron este viernes un escrito al departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) dedicado al antifraude, FinCen, en el que reclamaron que retire las acusaciones de que la entidad facilitaba el blanqueo de capitales del crimen organizado.

Además de esas afirmaciones incluía la prohibición de operar en dólares, lo que en la práctica excluía a BPA del sistema financiero internacional. La iniciativa del FinCen propició su intervención por parte del Gobierno del Principado y la caída de la principal participada, Banco Madrid.

El texto enviado al tesoro constituye la puesta en marcha de un nuevo proceso para recuperar el control del banco.

El 'caso FBME' como referente

La defensa de los Cierco, encabezada por Eric Lewis, basa su petición en la sentencia que un juez del distrito de Columbia (Washington DC) firmó el pasado 27 de agosto. La resolución anuló de forma cautelar una sanción parecida que el FinCen quería aplicar a FBME Bank, una entidad con sede en Tanzania que opera principalmente en Chipre a la que acusaba de delitos más graves de los que supuestamente habría incurrido BPA, tal y como alega el letrado de los accionistas mayoritarios en el recurso presentado.

Entre otros, el Tesoro estadounidense señaló que el banco de Tanzania había lavado dinero del narcotráfico, trabajaba con una empresa de Siria sancionada previamente por fabricar armas de destrucción masiva, ser uno de los bancos de la rama libanesa de Hezbollah e incluso facilitar transacciones del presidente corrupto de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

Vulneración de derechos

El magistrado Christopher R. Cooper consideró que FinCen no podía aplicar una sanción tan grave como excluir de facto a FBME Bank del sistema financiero porque vulneraba sus derechos en el proceso. Cuestionó que el Tesoro usara la Patriot Act --la ley aprobada tras los atentados de las Torres Gemelas que da carta blanca al Estado a usar todo tipo de información que discurra por territorio nacional-- para no comunicar a los afectados el origen de las acusaciones.

La defensa de los Cierco remarca que a BPA ya se le han impuesto las mismas medidas que pretendían aplicar al banco de Tanzania (y que fueron congeladas el día antes de su entrada en vigor). También afirma que en el caso andorrano medio año después de que se aplicase la sanción no se han podido concretar ni encontrar indicios de los delitos señalados por el Tesoro de EEUU tras una extensa auditoría que ha superado las 10.000 horas.

Opacidad del Gobierno andorrano

Asimismo, destaca que el banco primero y los hermanos Cierco después se ofrecieron a colaborar con las autoridades andorranas para acabar con las dudas que se vertieron sobre la limpieza de sus activos y no ha habido respuesta. Indican que los actuales administradores de BPA actúan con total opacidad con los accionistas mayoritarios, los Cierco.

El recurso de Lewis pide al FinCen que le responda antes del 21 de septiembre. Pasada esta fecha, se seguirán los pasos de FBME Bank y se presentarán acciones legales contra el Tesoro estadounidense para conseguir una sentencia que frene la liquidación del banco.

Venta de BPA y recurso en Andorra

El Gobierno de Andorra a través de la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB) ha puesto en marcha un banco puente, Vall Banc, para empezar en breve a traspasarle activos de BPA que pretende vender después a un privado. Asimismo, pactó a finales de agosto las condiciones de los despidos que aplicará a la plantilla de la entidad.

La petición al FinCen no es la única medida emprendida por los accionistas mayoritarios de BPA. Los hermanos Cierco recurrieron ante la justicia del Principado la intervención del banco y la valoración de los activos realizada por AREB. En ese documento, ya acusaron a las autoridades del Principado de haber ocultado información en la intervención de su banco.