Los propietarios de BPA exigen al Gobierno andorrano que frene la intervención

El grupo familiar Cierco advierte de que actuará por la vía legal contra la agencia andorrana si no frena el proceso de resolución y piden la intervención del jefe del Ejecutivo

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Imagen de unas instalaciones de BPA. A la derecha, Ramon Cierco (superior), Jordi Cinca, ministro de Finanzas, y Toni Martí, presidente de Andorra.
Redacción
Martes, 29.09.2015 13:16

Con nuevas evidencias encima de la mesa y una decisión similar del Tesoro americano en otro país, los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA) hasta su intervención antes del verano, han pedido a la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB por su siglas y equivalente al FROB español) que paralice el proceso de resolución del banco.

La petición se ha trasladado también a la Batllia (el máximo órgano judicial del Principado pirenaico) y se ha avisado al jefe del Ejecutivo andorrano, Antoni Martí, por las consecuencias que en este caso pueden tener otras medidas adoptadas por el Fincen estadounidense (el organismo del Tesoro americano que realizó el informe que dio pie a la intervención) y un caso análogo relacionado con un banco de Tanzania.

Acciones legales contra consejeros de AREB

Se da la circunstancia de la justicia de EEUU ha adoptado decisiones que dejarían sin efecto lo acontecido en Andorra con BPA. De hecho, esos acontecimientos son la base de las demandas que los representantes legales de los Cierco interpondrán.

Los antiguos propietarios de BPA no sólo exigen que se frene el desmantelamiento de la entidad financiera. También advierten de que iniciarán acciones legales contra la AREB y contra cada uno de los miembros de su consejo de administración. Consideran que son responsables del perjuicio que están cometiendo a los legítimos propietarios de la entidad al llevar a cabo una actuación arbitraria y sin los fundamentos legales suficientes.

“Evitar más perjuicios a clientes y accionistas”

En una carta al presidente de Andorra, los Cierco le llaman a que intervenga “para parar el proceso de resolución con la finalidad de evitar el agravamiento de los perjuicios” que se están generando a sus intereses como accionistas. En el requerimiento que han recibido los jueces, la AREB y el propio Gobierno de Martí se apuesta por reabrir el diálogo entre las administraciones y los propietarios del banco intervenido. “La voluntad de nuestros clientes, la familia Cierco, ha sido en todo momento mantener una línea de diálogo con las autoridades para encontrar una salida que permita evitar unos procedimientos contenciosos que serán largos y costosos tanto para los perjudicados como para la administración pública”.

Entre los argumentos que esgrime la representación legal de los Cierco se halla la resolución de la justicia americana que ha dejado sin efecto una actuación similar emprendida por la Fincen con respecto al banco FBME, de Tanzania. El juez Cooper paralizó las actuaciones emprendidas para que la entidad financiera pudiera defenderse adecuadamente de las acusaciones de blanqueo que sobre ella se vertían.

Ninguna evidencia de la investigación

Los antiguos propietarios de BPA recuerdan que el centenar de especialistas de PricewaterhouseCoopers que han estado evaluando el estado de salud del banco andorrano en los pasados meses no han podido detectar ninguna operativa u operación de lavado de dinero, tal y como señaló la Fincen como argumento que dio pie al Gobierno de Martí a intervenir el banco sin finalizar la investigación.