CDC cobró el 3% por una obra pública en Sant Cugat que nunca se realizó

Pese a que la UTE no terminó sus trabajos de construcción y los interrumpió de forma unilateral, el consistorio le retornó la fianza en 2013 de forma injustificada

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El ex alcalde de Sant Cugat, y ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder.
Redacción
Sábado, 3.10.2015 13:30

El Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) permitió a una unión temporal de empresas (UTE) rescindir de forma unilateral una gran obra pública sin asumir compensación alguna, durante el gobierno de CDC en la localidad entre 2007 y 2011.

Tras la adjudicación del complejo deportivo Mira-sol en abril de 2008 por 4,9 millones de euros (sin IVA), la contratista otorgó 67.000 euros a cada una de las dos fundaciones de la formación, 134.000 euros en total (el 2,8% del contrato), según informa el diario El País.

La UTE no terminó sus trabajos de construcción y el consistorio municipal le retornó la fianza en 2013.

Nuevas evidencias de comisiones por obra pública

En la lista de donantes a las fundaciones del entorno convergente como son Fòrum Barcelona y CatDem aparecen diversas uniones temporales de empresas, lo cual arroja nuevas evidencias de los vínculos entre los contratos de obra pública y el pago de supuestas comisiones ilegales del 3% a CDC.

El hecho de que las UTE se caractericen por ser sociedades constituidas para efectuar un sólo proyecto permite visualizar de forma más nítida la cuantía de la donación con el importe adjudicado. Algo que resulta mucho más complejo cuando atañe a grandes constructoras con decenas de contratos anuales.

El caso del complejo deportivo Mira-sol preveía la construcción y gestión del equipamiento durante 35 años por la UTE formada por Construcciones Pai e Instal.lacions de Lleure Esportiu Illa. Las actas de los plenos no reflejan incidencias destacables en la licitación, en cuya mesa de adjudicación también estaba la oposición.

Durante la mayoría absoluta de CDC

CiU tiene mayoría absoluta en Sant Cugat desde 2007. En el momento de la adjudicación, el alcalde era Lluís Recoder, que fue sustituido por Mercè Conesa, la actual alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona.

Después de su aprobación, el proyecto se retrasó en varias ocasionas pese a tener fecha límite: la obra tenía que estar finalizada en 13 meses. Las dificultades de la UTE para encontrar financiación significió el abandono de las obras durante meses.

CDC devuelve la fianza de forma poco justificada

En noviembre de 2011, tras varias prórrogas incumplidas, la sociedad instó al ayuntamiento a solucionar el contrato de mutuo acuerdo con el objetivo de recuperar los 240.000 euros depositados como fianza al ganar el concurso. Asimismo, se pretendeía que el consistorio le devolviera los 372.000 euros que se había gastado hasta entonces.

Pese a que la UTE había abandonado la obra y, por tanto, “incumplido unilateralmente” el contrato firmado cinco años antes, el cyuntamiento accedió de forma poco justificada a devolver la fianza ateniendose a razones como “la buena fe de la concesionaria” y “modular las consecuencias” aunque el contratista “no haya podido cumplir con lo pactado”.

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