El afán regulatorio del Gobierno Rajoy

Los bufetes de abogados y las notarías apenas dan abasto para mantenerse al día en leyes como la concursal, que ha sido modificada 12 veces en los dos últimos años

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Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón, los dos ministros de Justicia que ha tenido Rajoy, el día de la salida del segundo. En el centro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Joaquín Romero
Sábado, 24.10.2015 20:20

Los bufetes de abogados y las notarías echan chispas desde hace unos meses. El desmedido afán regulatorio de Mariano Rajoy, que le ha llevado al extremo de elaborar unos Presupuestos Generales que gestionará otro Gobierno, ha inundado las ediciones del BOE de lo que va de año con centenares de cambios legislativos.

A ese interés regulatorio de un Ejecutivo presidido por alguien tan apegado a la letra de la ley como un registrador de la propiedad, se ha sumado el final de la legislatura, que obliga a acelerar la aprobación de los textos en trámite parlamentario para evitar que decaigan, la cuantiosa producción comunitaria --que hay que adaptar al ordenamiento interno-- y los coletazos de las reformas dictadas por la crisis, como es lo relacionado con el  marco regulatorio del sistema financiero.

Modificaciones de la misma ley

Con todo, de lo que más se quejan quienes sufren esos cambios continuos es de los errores que llevan a modificar leyes varias veces en un corto espacio de tiempo. Es lo que ha ocurrido con la ley concursal, que ha sido modificada en 12 ocasiones en dos años. La última vez ha sido de forma indirecta, a través de la ley del sector público porque afecta a las “prendas” de las concesiones administrativas.

Otra de las leyes reformadas una vez y otra es la que regula el funcionamiento de las sociedades limitadas y anónimas, que fue modificada el año pasado y que en éste también ha sufrido cambios a través de otras normas.

Cambio de sede corporativa

El último de ellos se ha realizado desde la ley de auditoría de cuentas en mayo pasado. Se utilizó para agilizar el cambio de sede corporativa, de manera que las sociedades puedan decidirlo por acuerdo de sus consejos de administración, sin necesidad de convocar junta general de accionistas. Fue un cambio muy comentado en Cataluña porque ayuda a que las empresas puedan mover sus sedes corporativas de comunidad autónoma con una facilidad relativa.   

Al margen de que tenga sentido cambiar una norma a través de otra, lo cierto es que ese mecanismo indirecto hace que la legislación sea muy dispersa y resulte complicado abarcarla.

Maraña legislativa

De hecho, los grandes bufetes tienen departamentos enteros pendientes de lo que publica cada día el BOE y de sus afectaciones. Además, por supuesto, de la normativa no siempre coincidente que emana de los parlamentos de las comunidades autónomas.

Entre documentalistas y abogados, el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira tiene una plantilla de 45 personas dedicadas a esa labor. Otras firmas, como es el caso de PWC, no sólo disponen de un cuerpo de técnicos dedicados a conocer los cambios, sino que los suben a su web para tener advertida permanentemente a su clientela.

También en laboral

Aunque la hiperfabricación de leyes afecta sobre todo a las áreas de mercantil y civil, esta legislatura que acaba ha sido productiva en otros registros, como el laboral. Después de modificar el Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral de 2012 de Fátima Báñez, partes sensibles de su contenido han sido modificadas por el propio Gobierno y por los tribunales.

Los juzgados de lo social, incluso la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han parado los pies a las empresas que han querido llevar los cambios de la reforma laboral al extremo. La patronal y los grandes bufetes tratan de que el Ejecutivo reduzca al mínimo el margen de interpretación de los magistrados.

Pero en algunos capítulos han llegado tarde. El Supremo ha mantenido, vía jurisprudencia, la duración de los convenios colectivos, pese a lo que dice la reforma. Una sonada sentencia impide que las empresas paralicen las negociaciones de renovación del convenio para liquidar el vigente si le parece demasiado favorable a sus empleados.

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