El TSJC denuncia el "ataque directo" a la independencia judicial que suponen las concentraciones ante su sede

El Alto tribunal advierte de que es "inadmisible" que el Govern promueva movilizaciones para presionar a los jueces por "intereses políticos"

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Concentración de miembros del Govern, diputados autonómicos y dirigentes independentistas ante el TSJC con motivo de la comparecencia de la consejera Rigau
Redacción
Martes, 13.10.2015 17:13

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denunciado que "las llamadas a concentrarse" ante su sede por parte de los partidos independentistas y del Govern "supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial".

Así lo ha señalado la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del alto tribunal en un comunicado emitido tras la comparecencia de la consejera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, para responder por haber organizado la consulta independentista del 9N pese a haber sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

El TSJC "no puede permanecer impasible"

El TSJC advierte de que la Sala de Gobierno "no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los Jueces y además pretender influir en su toma de decisiones".

Subraya que "la independencia judicial no es un privilegio de los Jueces, sino una garantía de los ciudadanos", por lo que "su cuestionamiento resulta aun más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno". Y recuerda "el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político".

"Intereses políticos"

"Insistimos", continúa el comunicado, "cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".

"Solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Y en esa medida reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad", concluye.

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