Los accionistas mayoritarios de BPA se lanzan contra el Tesoro de EEUU

Los hermanos Cierco demandan a la institución por alarmar de forma “desproporcionada” sobre las transacciones de la entidad y piden a la justicia que les devuelva el control del banco

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El ex presidente de la Banca Privada de Andorra, Ramón Cierco
Cristina Farrés
Miércoles, 7.10.2015 19:19

Los hermanos Ramon e Higini Cierco han cumplido con sus amenazas. Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) han presentado una demanda contra el departamento del Tesoro de Estados Unidos y la agencia que se dedica a la prevención de lavado de dinero de la institución, el Fincen, al asegurar que la nota emitida el pasado marzo en la que calificaban al banco del Principado como “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales” era desproporcionada y propició una “acción coordinada entre reguladores españoles, andorranos y panameños para cerrar el banco sin comunicación ni previo aviso”. Hecho que consideran que vulnera “el derecho fundamental a la defensa”.

El escrito que han remitido al Tribunal del Distrito de Columbia, en Washington DC, remarca que la nota impidió que impidió a la entidad operar con dólares, lo que en la práctica implica su expulsión del sistema financiero internacional. Justifican que se trata de una “medida que se considera injustificada, inconstitucional e injusta” y por ello exigen a la justicia estadounidense que emita una orden que deje sin efecto el documento.

Eric Lewis, el representante legal

“Esta demanda tiene el objetivo de remediar las deficiencias de un proceso injusto y falta de transparencia al que han tenido que hacer frente nuestros clientes a pesar de todos sus esfuerzos para cooperar y demostrarle al Fincen que ha actuado de una manera completamente injustificada”, señala el coordinador de los hermanos Cierco, Eric Lewis, en un comunicado.

“Los hermanos Cierco están decididos a limpiar su buen nombre por el honor de sus empleados, accionistas, clientes y la reputación familiar”, añade.

Medida definitiva

Los accionistas mayoritarios de BPA manifiestan que el Fincen no se podía escudar en la Patriot Act vigente en el país para sentenciar a la entidad sin ni siquiera “proveer la información en la que basaron sus acciones y las razones por las que eligieron la medida más severa de todas las posibles”.

Asimismo, señalan que la institución del Tesoro de EEUU ha emitido una propuesta de sanción para las presuntas acciones ilícitas de BPA que nunca se podrá aplicar porque la acción contra el banco se ha convertido “en una medida definitiva después de que la administración andorrana, sin esperar a la solución final del caso, se inclinara desde el principio por liquidar BPA mediante un plan de resolución que tampoco se ha justificado debidamente ni de forma transparente”.

Acción contra el Gobierno del Principado

Ante el Tribunal de Colombia, los Cierco aseguran que las acciones posteriores a que saliera a la luz la nota han demostrado que el Fincen “carecía de fundamentos para actuar contra BPA”. Afirman que la “actuación unilateral” del banco fue “resultado de la frustración acumulada que tenía el Fincen con el Gobierno de Andorra por su contumaz falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en sus reglas antiblanqueo, relacionadas especialmente con la notificación de transacciones en efectivo” y sienten que su entidad pagó las discrepancias.

Incluso aluden a un “alto funcionario de la embajada de EEUU en Madrid” que habría admitido que EEUU “sacó el martillo con relación a BPA por la desesperación del Fincen frente a la falta de cooperación de Andorra”. Añaden una grabación compartida en Youtube con las declaraciones.

Problemas con la auditoría de PwC

También señalan el “temor a las injerencias y presiones políticas” a la auditoría iniciada hace siete meses por PwC y cuyas conclusiones aún no se han publicitado. Presuntamente, porque la firma internacional no ha detectado ninguna de las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la entidad.

Los Cierco cargan contra la actitud del Ejecutivo del Principado liderado por Antoni Martí, pero también declaran que el Tesoro de EEUU se ha negado a ponerse en contacto con ellos para explicarles las medidas emprendidas, por qué se optó la penalización más extrema y ni tan siquiera se les ha dejado revisar las pruebas que utilizó el Fincen para acusar al banco. Manifiestan que el Fincen “vulnera diferentes principios jurídicos fundamentales” porque la ley le obliga a dar el paso.

Voluntad de cooperar

Todo ello, a pesar de que los accionistas mayoritarios “han expresado su voluntad de cooperación” y de “mostrar las razones por las que, en su opinión, BPA no debe ser cerrada”. Como los reguladores de EEUU se han negado al “diálogo constructivo”, los Cierco aseguran que la única alternativa posible era acudir a los tribunales para “retomar el control de los activos restantes del banco para buscar una solución justa y transparente a largo plazo” en la que se “trate a sus clientes, accionistas y empleados de la manera que se merecen”.

La demanda recuerda que la acción del Tesoro no sólo se ha llevado por delante el banco andorrano, también ha propiciado la apertura del proceso de liquidación de su principal participada, Banco Madrid.