¿Quién se equivocará antes?

Mas y Rajoy miden al milímetro cada uno de sus pasos para evitar ser el primero en tomar una decisión irrevocable que precipite los acontecimientos y les lleve a un punto de no retorno

5 min
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Alejandro Tercero
Martes, 3.11.2015 00:00

La ofensiva para tramitar en el Parlament la resolución de JxSí y la CUP que prevé el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república” ha situado el escenario político catalán --y del conjunto de España-- al borde del denominado choque de trenes.

Tanto la Generalitat como el Gobierno están llevando sus posiciones al límite, pero ninguno de los dos quiere ser el primero en tomar una decisión irrevocable --un punto de no retorno-- que precipite los acontecimientos.

Batalla en el Parlament

JxSí y CUP pretendían aprobar en el Parlament la resolución rupturista antes del primer pleno en el que se ha de votar la investidura de Mas --para visualizar que siguen de acuerdo con el procés mientras continúan las negociaciones--. Eso es, como máximo, el lunes 9 de noviembre.

Para ello, ha de estar constituida la Junta de Portavoces, pero el PP anunció que agotaría el plazo que tiene para constituir su grupo y nombrar un portavoz, que es el 6 de noviembre. Esa maniobra tumbaría la estrategia de los independentistas.

Frente común de C’s, PSC y PP

La respuesta de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido convocar para este martes la Junta de Portavoces sin la presencia del PP, lo que supone una situación anómala y casi sin precedentes.

C’s, el PSC y el PP --tras negociar una posición común-- han advertido de que no darán validez a la Junta y que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si ésta finalmente se celebra, lo que ha ratificado posteriormente la propia Forcadell.

El dilema de Forcadell y de JxSí

Si, finalmente, el TC anula la Junta y retrasa --o suspende-- el debate sobre la resolución independentista, JxSí, la CUP y la presidenta del Parlament se enfrentarán al dilema de si desobedecer o no una orden directa del alto tribunal, una posibilidad que no ha descartado el cabeza de lista de JxSí, Raül Romeva.

Hasta ahora, el Govern, CDC y ERC han tratado de evitar incumplimientos flagrantes de la ley o de las resoluciones judiciales (utilizando eufemismos como “obedecer las leyes catalanas”, en vez de “desobedecer” al TC; recurriendo al TC las normativas nacionales que consideran lesivas para sus intereses; o incluso defendiéndose ante el TSJC con el argumento de que obedecieron al TC).

La presión de la CUP

La resolución rupturista fue calificada de “provocación” por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consciente de que lo que busca es una reacción que permita a la otra parte apelar al victimismo --especialmente a nivel internacional--, como reconocen desde el entorno convergente.

Sin embargo, JxSí ahora se ve empujada por sus propios compromisos electorales (prometieron dar pasos inequívocos hacia la “desconexión”) y por la presión de la CUP (socios imprescindibles para lograr la deseada investidura de Artur Mas). Los equilibrios en torno a la delgada línea roja de la legalidad son cada vez más complicados, como se constató en el conato de revuelta que sufrió Mas en el Consejo Ejecutivo de la semana pasada, donde varios de sus consejeros le confesaron su malestar con la hoja de ruta pactada con la CUP.

Una respuesta proporcional

También Rajoy trata de no errar ningún movimiento en esta partida de ajedrez. La mayor parte de los juristas coinciden en que señalar que en un supuesto choque de trenes el Govern se llevaría la peor parte y que la independencia unilateral es una quimera.

El Gobierno --y el Estado, en general-- cuenta con múltiples ases en la manga, que van desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución (que podría implicar la asunción de competencias de la Generalitat por el Gobierno) hasta la ejecución forzosa de las resoluciones del TC al amparo de las últimas modificaciones de la ley que lo regula. La Fiscalía incluso baraja la posibilidad de atribuir un delito de sedición a aquellas autoridades públicas que desacaten una orden del TC. Pero cualquiera de estas alternativas se considera como una última opción.

La intención de Rajoy es responder paso a paso y de forma proporcional a cada paso que de el Parlament o el Govern. Así, tras el registro de la resolución rupturista de la semana pasada, el presidente del Gobierno respondió con una declaración solemne y con la construcción de un frente político constitucionalista junto al PSOE y C’s.

Crece la tensión

Mientras tanto, la tensión aumenta y los no nacionalistas también se empiezan a movilizar en la calle con caceroladas o manifestaciones (como la que ha convocado Societat Civil Catalana para el próximo jueves en la plaza de Sant Jaume).

Asimismo, el cruce de declaraciones es cada vez más áspero. “El PP no irá a la Junta. Para chula ella, chulos nosotros”, señalaba el líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, para responder a Forcadell después de que ésta anunciase que mantenía la convocatoria de la Junta de Portavoces.

Todo apunta a que en los próximos días se sabrá quién chulea a quién, y quién juega mejor sus cartas.

Comentar