CCOO denuncia ante Antifraude la 'ciudad de los funcionarios'

El sindicato señala al ex director de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé, por presuntamente facilitar una operación urbanística a Axa Real State

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El ex director general de Patrimonio, Salvador Estapé, y los terrenos en los que se ubicará la 'ciudad de los funcionarios'
Cristina Farrés
Lunes, 9.11.2015 21:39

CCOO de Cataluña ha llevado ante la Oficina Antifraude de Cataluña la operación urbanística para construir la ciudad de los funcionarios delante del recinto Gran Vía de Fira Barcelona. El sindicato remitió dos escritos al director de la institución, Daniel de Alfonso, el 13 de julio y el 26 de agosto en los que denunciaba que el ex director de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé, habría facilitado la operación urbanística que desarrolla Axa Real State a través de la filial Zumarán Inversiones.

En la documentación aportada a Antifraude, la organización señala cómo presuntamente Estapé allanó el terreno para que el fondo inmobiliario de la aseguradora francesa se quedara con la ejecución del proyecto desde las dos instituciones que presidía. La dirección general de Patrimonio, que depende del departamento de Economía, y el consejo de administración de la empresa pública Fira 2000, una sociedad participada por la Cambra de Comerç de Barcelona, la Generalitat, los Ayuntamientos de Barcelona y Hospitalet del Llobregat, la Diputación y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona.

Traslado de 2.000 trabajadores

Esta empresa pública se constituyó para sufragar los costes de la construcción del recinto Gran Vía de Fira Barcelona, el más grande de la organización en el que se celebran desde congresos internacionales de la talla del Mobile World Congress o Alimentaria o festivales como el Sónar. Además de los terrenos en los que se encuentra el recinto ferial, situados en el término municipal de L'Hospitalet, Fira 2000 conservaba en propiedad un terreno de 11.582 metros cuadrados frente al último pabellón. Esta parcela es la que acogerá como muy tarde en julio de 2019 un mínimo de 2.000 trabajadores públicos, tal y como consta en las bases del concurso.

Estapé, según el escrito de CCOO, decidió desde la sociedad pública sacar provecho económico de la parcela y la vendió el pasado mayo a Axa. Convocó un concurso público y el fondo de la aseguradora fue el único que pujó para quedarse con el terreno. Se quedó la cesión de su uso durante 99 años por un canon único de 15,5 millones de euros que se deberán abonar en un plazo máximo de siete años.

Terreno de equipamiento público

Así consta en el contrato firmado que, según fuentes del sector, era poco atractivo por el uso que se podía dar al terreno. En el plan que se diseñó para construir el recinto de Fira Gran Vía figuraba un auditorio. Se empezó a construir, pero tras el movimiento de tierras y el inicio de la ejecución de los cimientos se paralizó.

El terreno está catalogado como equipamientos públicos, por lo que si se querían construir oficinas antes se debía negociar un cambio urbanístico complejo. Por ello Axa no tuvo competencia para adquirir la gestión por un precio competitivo, según los mismos interlocutores.

Nuevo concurso público

Lo que ha propiciado la denuncia ante Antifraude de CCOO es que, un mes después de la adjudicación de Fira 2000, la dirección de Patrimonio abriera otro concurso público para arrendar un inmueble para ubicar dependencias administrativas de la Generalitat. Es decir, construir la ciudad de los funcionarios.

El sindicato alega que las condiciones para participar dejaban a un solo competidor en la puja: Axa. Se requería a los interesados a presentar una oferta que las dependencias administrativas debían estar situadas “en una zona muy concreta y reducida” situada en el entorno del paseo de la Zona Franca de Barcelona, en el distrito Sants-Montjuïc. Debía estar situada cerca de la plaza Europa de Hospitalet y el adjudicatario debía construir uno o varios edificios a menos de 30 metros de distancia de cómo mucho 50.000 metros cuadrados.

Arrendamiento blindado

El contrato de arrendamiento está blindado. Lo deberán asumir los próximos gobiernos catalanes ya que tiene un cumplimiento obligatorio de 10 años prorrogables a otros 20. El importe que se pagará son 10 euros por metro cuadrado sin IVA por el espacio construido sobre rasante y un máximo de tres euros sin IVA para el aparcamiento subterráneo y otras dependencias, como almacenes.

El concurso se convocó el 10 de junio y la apertura de ofertas fue el 31 de julio. Axa fue la única que se presentó, por lo que el contrato se firmó el 5 de agosto. CCOO de Cataluña denuncia que tal y como se planteó el proceso y la rapidez y agilidad de los trámites administrativos, “confirma sin duda que la venda de derecho de superficie por parte de Fira 2000 que dirige el Sr. Salvador Estapé y la posterior convocatoria de un concurso público por parte de la dirección general de Patrimonio que dirige la misma persona es una operación coordinada y preparada para que Axa o una de sus sociedades o filiales se adjudique el concurso”.

Plantea a Antifrau que Estapé no garantizó “los principios de libre concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación pública”.

Estapé, fuera de la Administración

Estapé abandonó la Generalitat en septiembre, un mes después de firmar la adjudicación a Axa. Actualmente es el director de relaciones institucionales, un cargo de nueva creación, de Anticipa Real State, la filial española del fondo estadounidense Blackstone. La misma firma que había comprado antes un paquete de hipotecas tóxicas de CatalunyaCaixa.

Según fuentes de su entorno, su marcha de la Generalitat se enmarcó en la proximidad de las elecciones autonómicas y las ganas de iniciar un nuevo proyecto profesional. La ciudad de los funcionarios se presentó públicamente a principios de septiembre. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, justificó entonces que las arcas públicas se ahorrarían hasta 40 millones en los 20 años máximos previstos de adjudicación.

Elevó la cifra de funcionarios que acogería a las 3.000 personas y se negó a contestar ninguna pregunta de los asistentes a la rueda de prensa. Se limitó a presentar el proyecto.