El cáncer le cuesta a los españoles unos 6.000 millones anuales

El cálculo de los costes directos e indirectos añade información a la hora de debatir qué tratamientos debe incorporar el sistema público de salud

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Imagen de la presentación del estudio en la Fundación Gaspar Casal.
Redacción
Martes, 10.11.2015 13:30

El cáncer tiene un coste total de 6.000 millones de euros anuales para España pero más de la mitad es atribuible a costes indirectos como los causados por incapacidades temporales o permanentes y a los años perdidos por mortalidad prematura.

Un informe de la Fundación Gaspar Casal, en el que participa el laboratorio Amgen, y que ha sido presentado hoy estudia el impacto económico "real" del cáncer en España más allá de lo que se refiere al precio de los tratamientos y pruebas diagnósticas, o al gasto hospitalario y ambulatorio que conlleva el abordaje de esta enfermedad.

Primera causa de muerte prematura

En concreto, ha precisado Juan Oliva, profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Castilla-La Mancha, hay estudios que apuntan que el cáncer es la primera causa de muerte prematura en España, representando el 45% de los fallecimientos antes de los 65 años, lo que provoca una pérdida de unos 300.000 años potenciales de vida laboral.

Esta pérdida podría cuantificarse, según este experto, en unos 2.400 millones de euros al año, a los que habría que sumar otros costes indirectos como los 1.440 millones de las incapacidades permanentes o los 530 millones de las incapacidades temporales. En sólo un año se pierden más de ocho millones de días laborales por esta enfermedad.

Evaluar las innovaciones

Por esta razón, a la hora de valorar la incorporación de innovaciones al sistema nacional de salud (SNS) es "sensato y pertinente" tener en cuenta esta variable en la evaluación coste-eficacia previa, según ha defendido el director de la Fundación Gaspar Casal, Juan del Llano.

"Estos costes indirectos no repercuten directamente sobre el hospital pero deben abordarse porque pueden marcar diferencias entre dos innovaciones terapéuticas que se parecen", ha añadido Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Test genético

Este experto, que trabaja como jefe de servicio de Oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha citado como ejemplo de la importancia de estos costes indirectos la puesta en marcha en la Comunidad de Madrid de un test genético para evaluar qué pacientes con cáncer de mama necesitan quimioterapia.

Pese al elevado precio de la prueba, unos 2.500 euros por paciente, han observado que generalizar su uso ha permitido quitar la quimioterapia a un 30% de las mujeres que hasta el momento la recibían, lo que "ahorra unas 30 visitas al hospital por mujer, aparte de sufrimientos, el coste del medicamento y otras cosas".

“Y la mujer no viene sola, ya que viene acompañada de un familiar sistemáticamente que debe dejar de trabajar ese día, por lo que no sólo es importante el ahorro en quimioterapia sino el de los costes indirectos que conlleva", ha insistido Martín.

Evitar recaídas

Aunque la implantación del test también ha supuesto que un 10% de las pacientes que no eran tratadas con quimioterapia ahora sí la reciban, este experto ha reconocido que el ahorro también es mayor ya que se evitan recaídas, que tienen un coste de 500.000 euros por paciente.

El problema, según ha reconocido el presidente de SEOM, surge cuando aparecen medicamentos innovadores que "ofrecen un beneficio directo muy pequeño y presentan un coste elevado que pone en cuestión la sostenibilidad del SNS".

El punto de corte

"Hasta los propios oncólogos nos planteamos en algunos casos cuál debe ser el punto de corte", ha reconocido Martín, que entiende que en estos casos es necesario priorizar ya que "el presupuesto no es infinito".

"Cuando un tratamiento es curativo, no hay duda de que hay que financiarlo, pero es diferente si hablamos de tratamientos con una eficacia limitada y un coste alto", ha subrayado, que aboga por abrir un debate en el que participen tanto las administraciones públicas, como la industria farmacéutica y los profesionales. "Debemos decidirlo entre todos", ha insistido.