El Constitucional levanta la suspensión de la tasa de la Generalitat al ADSL

El alto tribunal ve "escasa incidencia" del canon en las cuentas de los operadores de telecomunicaciones

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El Tribunal Constitucional
Redacción
Lunes, 23.11.2015 19:35

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado una buena noticia al gobierno de la Generalitat. El Alto Tribunal ha levantado la suspensión cautelar al 'impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas", la tasa sobre las conexiones de Internet elaborada por la Consejeria de Cultura para financiar las ayudad al sector audiovisual catalán. El TC levanta la suspensión apenas dos meses después de decretarla, cuando aceptó a trámite un recurso del Gobierno. Pero aun debe pronunciarse sobre el fondo del recurso.

"Escasa incidencia" de la tasa

En su resolución, el TC aporta dos argumentos fundamentales para levantar la suspensión. Por una parte, explica que la tasa supone una "escasa incidencia" en el volumen de negocio de los operadores que trabajan en Cataluña, y que esta no afectará "de forma relevante" a las inversiones que deben llevar a cabo para desplegar sus redes de nueva generación.

En este sentido, el TC aporta cifras. Aduce que, en 2013, los operadores que trabajan en Cataluña ingresaron un total de 6.426 millones de euros, cuando el canon de la Generalitat solo recaudaría un máximo de 24 millones al año, según el Gobierno, y de 10,5 millones, según la Generalitat.

Sólo 16 operadores afectados

Por otra parte, el alto tribunal razona que, aun en el caso de que finalmente diera la razón al Gobierno, que argumentó en su recurso que la tasa de la Generalitat supone una doble imposición, y esta tuviera que devolver los importes recaudados, el número limitado de operadores –concretamente, 16–, y el hecho de que estos están perfectamente identificados, hace que no se presenten problemas para la devolución.

El TC añade igualmente que este mismo bajo número de afectados le lleva a primar el interés general, ante el hipotético perjuicio de los operadores de telecomunicaciones.