Mas intercedió para garantizar contratos públicos a empresas amigas

Informes policiales de la ‘operación Pretoria’ revelan gestiones del presidente en funciones para “desbloquear” proyectos urbanísticos tutelados por Prenafeta y adjudicados a “empresas amigas”

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Según Lluís Prenafeta, la propia Consol Pla le habría dicho a Artur Mas que estaba dispuesta a ayudar a Casamitjana.
Carlos Quílez
Sábado, 14.11.2015 21:51

El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés tenía previsto celebrar un pleno ordinario a finales de julio de 2009 en el que se aprobaría el plan urbanístico para lanzar una promoción inmobiliaria en el marco del proyecto llamado “Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola”.

En aquel momento, la población vallesana estaba  gobernada por ICV (que ostentaba la alcaldía a través de la figura de Antoni Morral), CiU y PSC. Todos los grupos estaban de acuerdo en los pormenores del proyecto (incluido el coeficiente de edificabilidad) que debía ejecutar la empresa concesionaria “Espais Promocions Inmobiliaries Epi, SA”, empresa vinculada a Luis Casamitjana Serraclara, implicado en el caso Pretoria y muy vinculado con CDC.

El plan de Prenafeta se trunca

Todo iba sobre ruedas hasta que, para sorpresa de todos, los concejales de CiU empezaron a presentar enmiendas pocos días Caso Cerdanyolaantes del pleno. Esos concejales cuestionaban, entre otras cosas, el coeficiente de edificabilidad de los pisos que había propuesto la empresa.

Sin los votos de CiU el proyecto no  podía salir adelante.

Una llamada abre la espita de la sospecha

La Guardia Civil había intervenido el teléfono de Casamitjana por orden del popular juez de la Audiencia Nacional en aquella época Baltasar Garzón. Aquel pinchazo empezó a dar frutos de inmediato.

A las 11:37 del día 14 de julio de 2009, Morral llama a Casamitjana. En la conversación le dice de forma literal: “La postura de CiU lo bloquea todo”. Morral recurre a Casamitjana para que éste haga las gestiones oportunas que permitieran que la promoción urbanística se llevara a cabo.

La trama se pone en marcha

Morral y Casamitjana no esconden su preocupación. El empresario recurre a un eslabón más alto de la trama: Lluís Prenafeta. Le llama el mismo día 14 tan sólo una hora después de la conversación con el alcalde. Prenafeta se interesa por la fecha de celebración del pleno y le manifiesta a su amigo Casamitjana, en un intento de tranquilizarle, que comienza las gestiones. “Hablaré con Mas. Ya me ocupo yo de hablar con Artur Mas (entonces presidente del partido) y me pongo en marcha”, le dice.

Al día siguiente, Prenafeta, que parece haber hecho los deberes, llama a Casamitjana y le confirma que “ya está hecha la gestión con Artur Mas” y que esa misma mañana Mas ha llamado a Consol Pla Dou (teniente de alcalde de CiU) para pedirle que flexibilice su posición y garantice la aprobación del plan.

Artur Mas lo arregla todo

Prenafeta añade en la conversación que graba la Guardia Civil un contundente “todo está arreglado”. Tanto es así, que según Lluís Prenafeta, la propia Consol Pla le habría dicho a Artur Mas que estaba dispuesta a ayudar a Casamitjana. Prenafeta le facilita el número de teléfono de la concejala al empresario promotor y le dice “llámala de parte de Artur Mas, te estará esperando. Ella prefiere reunirse  a solas contigo”.

A las 12:55 horas Morral llama a Casamitjana  informándole que, tras reunirse con el grupo municipal de Convergència i Unió, “todo estaba arreglado” y que el proyecto se iba a aprobar con total seguridad.  Todos muestran su satisfacción por el entuerto resuelto.

Informe lapidario pero inútil

El 30 de  julio del 2009, la unidad central operativa de la Guardia Civil eleva un informe al juez Garzón en el que detalla estas conversaciones y pone de relieve el evidente tráfico de influencias orquestado por Prenafeta, y en el que habría sido colaborador necesario Artur Mas, para beneficiar la viabilidad de un proyecto urbanístico del que iba a sacar una jugosa tajada, una empresa amiga del aparato convergente. 

Ese informe no  hace mención alguna al cobro de comisiones por parte de los implicados, pero evidencia cómo se gestionaba la obra pública en Catalunya y como información reservada de proyectos y valoraciones políticas circulaba de forma descarada para beneficio de aquellos que tenían intereses empresariales o de los que cobraban comisiones por la intermediación para conseguir que los contratos cuajasen.

Aquella promoción inmobiliaria se acabó aprobando. La Guardia Civil presentó este informe a Garzón. El juez no dictó diligencia de investigación alguna a pesar de los razonamientos policiales y de las pruebas acumuladas. 

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