Mas se lía con los datos que ofrece en el Parlament

El presidente en funciones asegura que la Generalitat ingresó 1.300 millones de euros para gasto social con la privatización de ATLL cuando las arcas públicas sólo han recibido 298 millones

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El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas (en el centro), junto a su vicepresidenta, Neus Munté (izquierda) y el portavoz de JxSí, Jordi Turull (derecha)
C. F.
Martes, 10.11.2015 14:49

La tensión este martes por la mañana en el Parlament ha llegado al punto en que el presidente en funciones, Artur Mas, se ha equivocado a la hora de reivindicar las cifras con las que concluye su segundo mandato. Especialmente, las de privatizaciones. En el caso de Aigües Ter Llobregat (ATLL), ha asegurado que la concesión sirvió para ingresar “1.300 millones de euros” en la Generalitat.

El líquido que entró en las arcas públicas catalanas tras un concurso que está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo dista mucho de la cifra que Mas tenía este martes en la cabeza. La única aportación económica corresponde al pago inicial de la operación. Es decir, 298 millones de euros.

Varapalos judiciales

El consorcio que gestiona el servicio de agua liderado por Acciona junto al banco inversor brasileño BTG Pactual y un grupo de inversores catalanes no ha realizado ninguna otra aportación desde que se firmó el contrato en los últimos días de diciembre de 2012.

El primer varapalo judicial llegó el 2 de enero de 2013 con la resolución del Tribunal de Contratos del Sector Público (antigua Oarcc) a la que han seguido multitud de sentencias contrarias a la voluntad del Gobierno que realizó la adjudicación y la concesionaria del servicio. Tanto en la petición de mantener a Acciona al frente de ATLL como medida cautelar como en la primera sentencia sobre la validez de los argumentos jurídicos del tribunal de mediación, que recibió el espaldarazo del TSJC.

Pagos pendientes y destino del dinero

El contrato marcaba que los 700 millones de euros restantes se debían pagar a lo largo de los 50 años que duraba la concesión. El consorcio ganador no ha empezado a pagarlos por la inseguridad jurídica del contrato. Tampoco ha abonado los 40 millones de euros correspondientes al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) vinculado a la operación.

Mas también ha asegurado al Parlament que la privatización “se realizó por pura necesidad y para conseguir dinero para destinarlos a causas sociales”. Según fuentes cercanas al Govern en funciones, el destino de los 298 millones de euros conseguido se destinaron casi íntegramente al pago de gastos recurrentes de la Generalitat.