Sanidad quiere aplicar la ley del precio más bajo a las ortopedias

El sector espera un cambio de gobierno para terminar de negociar la ley que regula las ayudas a la compra de prótesis o sillas de ruedas que mejoren la calidad de vida de las personas

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Una de las medidas más polémicas es la creación de cooperativas de compras para lograr el precio más bajo
Cristina Farrés
Domingo, 29.11.2015 21:50

Mariano Rajoy dejará la presidencia del Gobierno con un nuevo incendio en el sector sanitario pendiente de resolver. El ministerio liderado por Alfonso Alonso deja sobre la mesa el borrador del nuevo catálogo de prestaciones ortoprotésicas con todo el sector en su contra por intentar aplicar el espíritu de gastar lo menos posible ante unos productos básicos para la calidad de vida de los afectados.

Las asociaciones de amputados y los fabricantes coinciden que el mayor precio no es sinónimo per se de mayor calidad, pero cargan durante contra dos de las medidas que Sanidad quería aplicar que supondrán un cambio importante para su día a día.

Negativa a mejorar el producto

La medida más polémica es que la negativa a mejorar el producto del catálogo público. Hasta la fecha, en la mayoría de las comunidades era posible usar la parte que pública para el producto requerido y mejorarlo con aportación privada. Es decir, si el médico decretaba que necesitaba una prótesis de rodilla, por ejemplo, mecánica y el sistema público cubría un producto, el paciente podía mejorarlo con sus recursos pero sumando a ellos la aportación pública como ayuda a la adquisición. Si alguien quiere uno superior, deberá asumirlo de su bolsillo.

Esto es importante si se tienen en cuenta que una prótesis de pierna por debajo de la rodilla difícilmente será más barata de 3.000 euros y por encima de los 5.000. El catálogo incluye productos que pueden llegar hasta los 50.000 euros. En el caso de las articulaciones superiores, con articulaciones más complejas, el coste pude llegar a los 80.000 o a los 100.000 euros.

Perfil de usuario

¿El precio es funcional? Depende del perfil del usuario. Una persona mayor con movilidad limitada por su condición física, por ejemplo, requerirá un producto que no sea tan dinámico pero mucho más seguro; mientras que para una persona joven se requiere una prótesis que le facilite lo máximo la alta actividad que tendrá.

Lo que está en juego es su calidad de vida, que permita seguir con su día a día sin condicionantes importantes y limitar lo máximo posible las secuelas del accidente.

El producto más barato

El Ministerio de Sanidad también ha encendido las alarmas del sector por proponer una cooperativa de compras para sillas de ruedas o caminadores, por ejemplo, para fomentar los productos más baratos del mercado. Los usuarios se quejan de que se deja en el aire la fiabilidad y calidad de un producto necesario por una simple cuestión de coste.

Alonso mantuvo el espíritu de la regulación de los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia. El mismo que el Supremo tumbó el pasado martes por entender que no cumplía con los supuestos legales previstos al marcar que el fármaco dispensado debía ser más bajo que el dispensado en cualquier otro país de la Unión Europea. La sentencia remarcó que era “improcedente trasladar aritméticamente” al sistema español el precio industrial con el que se comercializa la prestación en otro país.

Incertidumbres

Otro de los elementos del borrador del nuevo catálogo es la acotación en el tiempo de la renovación de las prestaciones ortoprotésicas. Hasta ahora, si algún componente se rompía o sufría algún daño por su uso se podía cambiar con la prescripción de un médico.

El proyecto no deja claro que el informe sirva para la renovación o que ésta esté acotada en el tiempo de uso previsto, sin contar con los daños que pueda padecer.

Huelga en octubre

El malestar del sector ortopédico con Sanidad propició una huelga el pasado 3 de octubre. Las asociaciones de usuarios, los que se llevan la peor parte de la batalla económica, indican que prefieren un cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo 20 de diciembre para poder reabrir de nuevo la cuestión y conseguir un acuerdo real entre la Administración, los usuarios y los fabricantes.

Mientras, se seguirán referenciando con un catálogo de productos desfasados que se pactó en 2008. La actualización es necesaria. El pacto sectorial, preferible.